A fecha actual, ninguno de los jueces en el Distrito de Minnesota parece haber hallado culpables a los oficiales de la agencia ni a los abogados del Departamento de Justicia por desacato civil ni ha impuesto penas en asuntos relacionados con la Operación Metro Surge. Sin embargo, el volumen de amenazas es notable. Muchas alertas de castigo han emergido en casos, donde los jueces determinaron que un inmigrante fue aprehendido ilegalmente, mereciendo una liberación inmediata. Otros contratiempos de cumplimiento han surgido, cuándo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE pone en libertad a un extranjero bajo ciertas condiciones a las que no estaba sometido antes de su arresto, algo que exaspera a un juez que jamás autorizó la implementación de tales restricciones. "Esto resulta evidentemente inaceptable", declaró la jueza Laura Provinzino, designada por el expresidente Joe Biden, a un fiscal de alto rango del Gobierno al término del mes anterior. "No puedo seguir consintiendo que (los fiscales federales) infrinjan órdenes tan importantes… Si corresponde su liberación, debe procederse".
Las posibles sanciones exponen la tirantez subyacente entre el poder judicial federal, el cuál lidia con montones de casos presentados por inmigrantes, diciendo ser aprehendidos de forma ilícita en estas últimas semanas; y los letrados defensores de la administración Trump, a menudo comprenden poco los actos de sus clientes o no pueden seguir el ritmo de los litigios.
Usualmente, un juez insta al Gobierno a "demostrar causa", explicando porque el tribunal no debería declarar en desacato a letrados o agentes gubernamentales.
Aun así, en algunos pleitos, los abogados que auxilian a los inmigrantes afectados por la campaña policial han pedido al juez imponer sanciones frente a fallos de cumplimiento.
"Resulta insólito que oficiales del Gobierno federal se enfrenten a penalidades por desacato en los tribunales", señaló David Cole, profesor de Derecho en Georgetown y director jurídico de la ACLU. "Empero, esto ha devinido casi usual bajo esta administración".
Las multiples amenazas por desacato intentan "presionar al Gobierno pa' que acate la orden judicial" afirmó Cole. "Cuando la cumplan, se esfuma el fin de esas sanciones."
De echo, aunque algunas de las amenazas de castigo siguen pendiendo sobre el Gobierno, caso a caso, la cosa se ha desinflado tras los abogados del Departamento de Justicia en la primera línea de la Operación Metro Surge de Trump arreglar los problemas identificados por el tribunal.
Natalie Baldassarre, vocera del Departamento de Justicia, sostuvo, a CNN, que la administración "está acatando las ordenes judiciales" y criticó a los jueces que cuestionaron las acciones del Gobierno en Minnesota.
"Si los jueces corruptos obedecieran la ley al resolver los casos y respetaran la obligación del Gobierno de prepararlos a tiempo, no existiría una carga aplastante de casos de hábeas corpus ni preocupación por el cumplimiento de las órdenes por parte del DHS" comento. "La cantidad de inmigrantes indocumentados actualmente detenidos es un efecto directo de las políticas de seguridad fronteriza firmes de éste Gobierno para proteger a los estadounidenses".
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