Tres meses y cuatro días despues, de la muerte de la pequeña Stephora Anne-Mircie Joseph, acaecida en una excursion organizada por el Instituto Leonardo Da Vinci en Santiago, los abogados de los parientes, denunciaron una demora inexplicáble en las pesquisas del caso, como también la ausencia de respuesta a un requerimiento de medidas restrictivas contra otros sospechosos no mencionados por el Ministerio Público.
Miguel Valdemar y Shesnell Calcaño indicaron, que en el momento en que se supo la medida impuesta a tres maestras relacionadas, ellos solicitaron formalmente actuar también contra las cabezas del colegio y otros culpables del sitio donde sucedió la tragedia.
"Desde el 10 de diciembre, que se supo la medida contra las tres maestras, el mismo día pedimos una solicitud de medida coercitiva para los jefes del colegio, como el presidente de la Asociación Leonardo Da Vinci Inc, el director Freddy Núñez y los responsables de la Hacienda Los Caballos" explico Valdemar.
Además, apuntó que tras dos meses desde que se impusieron medidas de coerción a tres de las cuatro maestras acusadas, poco progreso se ve en cuanto a esa petición, un retraso procesal injustificado a su juicio.
"A la fecha, esa solicitud ha estado dando tumbos. La jueza de Atención Permanente la pasó al juez coordinador de Instrucción de Santiago, quien a su vez la mandó al juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción", agreg'ó.
Igualmente, alertó sobre la falta de competencia del tribunal para el caso, existiendo el peligro de que el expediente sea reenviado, sin una resolución sustancial.
"Es evidente que ese Cuarto Juzgado en Santiago sólo ve casos de violencia de género y delitos sexuales, asi que es bastante probable que el expediente vuelva a ser rechazado", finaliz'ó.
Por otro lado, los letrados sostienen que, desde el inicio, solicitaron al Ministerio Público ciertas diligencias procesales, que, aun con notificación formal, no se han cumplido.
"Solicitamos interrogar a los pequeños participantes, para tener su version, el video completo de lo sucedido, y otras gestiones", comunicó.
Shesnell Calcaño, abogado, ve con preocupación la tardanza del Tribunal Constitucional sin respuesta aún, a pesar de lo que dice la Suprema Corte sobre la agilidad judicial.
"Con base en precedentes, las víctimas y los demandantes pueden solicitar medidas cautelares, ya sean personales o sobre bienes, contra acusados no incluidos por el Ministerio Público", explicó.
Por último, los defensores reafirmaron su compromiso con el caso, para evitar semejantes tragedias para otros infantes.

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